A cambio, los mexicanos obtuvieron exactamente lo contrario de lo prometido: raquítico crecimiento económico, empleo escaso y sin prestaciones de ley, salarios cada día más miserables, peores condiciones laborales, mayor pobreza, crecientes precios, impuestos y tarifas para la mayoría, desplome del bienestar y nulo desarrollo.

Carlos Fernández-Vega Demasiadas voces al mismo tiempo y en el mismo tono para ser una casualidad. Los barones mexicanos y estadunidenses, directamente o por medio de sus voceros oficiales y oficiosos, no quitan el dedo del renglón. Una vez más han puesto en escena la obra mediática dame tu petróleo que sólo eso me falta para quedarme con todo”, y a coro comienzan la semana con la nada novedosa exigencia de que “se elimine el monopolio” del oro negro; que se “rompa el tabú” de la inversión privada en la industria petrolera; que aquí, como hay carencia dinero y tecnología, no se perforan pozos nuevos, mientras en el vecino del norte se perforan 100 por año; que ya está muy avanzada la “relación estratégica” con los gringos en esta materia; que si las trasnacionales le meten el diente (el que les falta) en este sector, los mexicanos “progresarían al estilo Noruega”, y que, en fin, como los habitantes de este país son unos burros “no aprecian mucho los consejos o ideas que vienen del norte”. De plano no encuentran la forma de romper la cada día más delgada línea legal de protección que a duras penas conserva el sector energético mexicano, especialmente el petrolero, y no precisamente gracias a la contención de las autodenominadas autoridades. Se trata del último año, felizmente, de Calderón en Los Pinos y los arrasadores barones le exigen cumplir con lo prometido –que para eso lo pusieron allí– para, “de una buena vez por todas”, quedarse íntegramente con el oro negro nacional, porque todo lo demás ya está en sus alforjas, y 30 años de saqueo a la nación lo certifican. Y si no se los cumple, para eso está el candidato engominado. Semanas atrás, el magnate Carlos Slim se pronunció abierta y favorablemente por autorizar inversión privada en el sector petrolero, un filón en el que ya participa a través de la construcción de infraestructura; en nombre del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el poder tras el trono, Claudio X. González exige “abrir” Petróleos Mexicanos al capital privado, nacional y foráneo, en el entendido, según él, de que el país “no perdería el control” de sus recursos naturales; el sempiterno presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Díez Morodo, propugna la “eliminación del monopolio y la apertura del sector energético al capital foráneo” en el sector; el ex embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow, actual consejero senior del Cohen Group, que tiene entre sus directivos a ex importantes mandos del aparato militar y de seguridad estadunidense, propone “romper el tabú” de impedir la inversión privada en la industria petrolera mexicana, y para redondear el supuesto representante de nuestro país en el vecino del norte, Arturo Sarukhán, difunde la buena nueva –sin aportar detalles– de que “los gobiernos de Estados Unidos y México llegaron a la fase final de negociación de un acuerdo para explotar yacimientos petroleros ubicados en los límites marinos de ambas naciones en el Golfo de México”. En resumen, rapidito y de buen modo que el calderonato ya se va. El desinteresado ex embajador Davidow redondeó la idea: “por demasiados años México ha hablado de su soberanía respecto de la energía. Tengo que decir que esto es una muestra de inseguridad; más de 50 países han logrado entendimiento para tratar con el sector privado doméstico e internacional con la energía, y México podría hacerlo también. Lo primero que veo es que es un tema que los políticos mencionan de vez en cuando, pero al llegar al poder no quieren empujar la idea porque temen ser llamados entreguistas, malinchistas y todo lo que sabemos” (La Jornada, Roberto González Amador). Pues bien, en tres décadas, las neoliberales, los barones autóctonos y foráneos se quedaron con prácticamente toda la infraestructura productiva del Estado, bajo la premisa –según repitieron los cinco inquilinos de Los Pinos involucrados en esa venta de garaje, cuya última pieza es Pemex– de que el capital privado generaría crecimiento económico, empleos a granel, con todas las prestaciones de ley, y más, y excelentemente remunerados, con precios a la baja por la creciente competencia que se generaría, mayor fortaleza del erario (porque no sólo captaría más impuestos del capital privado, sino que ahorraría multimillonarias cantidades otrora destinadas a mantener el aparato paraestatal), bienestar a los naturales y un futuro más que venturoso, de tal suerte que México, con todo y habitantes, se convertiría en el primer mundo del primer mundo y en la envidia de las comunidad de naciones, toda vez que el gobierno no sólo ahorraría miles y miles de millones de pesos, sino que se dedicaría de tiempo completo al crecimiento y al desarrollo de esta gran nación. Nada de eso pasó, ni de lejos, pero en esos 30 años la infraestructura productiva del Estado pasó a manos privadas: siderúrgicas, cementeras, químicas, petroquímicas, aerolíneas, mineras, aeropuertos, puertos, fertilizantes, textiles, comercializadoras, bancos, aseguradoras, afianzadoras, hoteles, ingenios azucareros, carreteras, inmobiliarias, una gruesa rebanada de la generación eléctrica, gas, constructoras, fábricas de bicicletas y de ropa popular, empresas de alimentos, armadoras automotrices, embotelladoras, astilleros, telefónicas, televisoras, almacenes, instalaciones pesqueras, satélites, ferrocarriles, transbordadores, imprentas, red nacional de fibra óptica, varias áreas del sector petrolero y lo que se quede en el tintero, que no es poco. A cambio, los mexicanos obtuvieron exactamente lo contrario de lo prometido: raquítico crecimiento económico, empleo escaso y sin prestaciones de ley, salarios cada día más miserables, peores condiciones laborales, mayor pobreza, crecientes precios, impuestos y tarifas para la mayoría, desplome del bienestar y nulo desarrollo. También –la cereza del pastel privatizador– unos cuantos multimillonarios que se quedaron con toda la riqueza nacional traspasada por esos cinco inquilinos neoliberales de Los Pinos, y, de paso, con el gobierno y el Congreso. Entonces, ¿en serio sucedería algo diferente con el petróleo privatizado?