La Jornada: El coste de privatizar la educación
Sorprende cómo actúa el capitalismo bajo presión. En medio de una de sus crisis más profundas, la tarea de salvar empresarios, bancos y especuladores se torna difícil, y deben poner en funcionamiento toda su inventiva para mantenerlos a flote. En un acto de impudicia, para justificar la disminución de recursos públicos en educación y sanidad, ya no hablan de recortes presupuestarios, eufemísticamente los tildan de reordenación del gasto público” o “reasignación de partidas presupuestarias para equilibrar el déficit fiscal”. Con estos conceptos encubren su verdadero objetivo, desmantelar servicios sociales esenciales como educación, sanidad, electricidad, agua y transportes y privatizarlos.
El impacto de tales medidas sobre las clases trabajadoras y la sociedad en su conjunto es desolador, deterioro de la calidad de vida y un retroceso democrático, sin precedentes en la historia del capitalismo. Las desigualdades se profundizan, aumentando la pobreza y la exclusión social. La diferencia entre ciudadanos se acrecienta. El acceso a bienes y servicios acaba por dibujar el mapa de la pobreza y la riqueza según donde se viva. En un estudio publicado por La Jornada (2005), Agua, sus autoras, Laura Poy y Mariana Norandi, señalaban que: “En asentamientos urbanos como Iztapalapa, cada persona (que cuenta con servicio de agua) utiliza 28 litros diarios; en los sectores medios, como la delegación Benito Juárez, va de 275 a 410 litros, y en zonas de máximos ingresos, como en las Lomas de Chapultepec, es de 800 mil litros por día”. No es necesario apostillar. Pero podemos extrapolar los resultados al conjunto de infraestructuras, número de colegios, centros de salud, polideportivos, o acceso a la electricidad. Lo dicho para México, es válido para todos los países donde impera la lógica del capitalismo, sólo cambian las condiciones y el contexto.
En la mente de los reformadores existe una obsesión, la crisis fiscal es producto del despilfarro, lo cual se une al argumento de la siempre mala gestión pública en la administración de los recursos. Así, en un alarde de eficiencia y racionalidad se lanza el discurso de hacer más y mejor con menos. Así, las partidas preferidas para iniciar el camino hacia el déficit cero y la recuperación suelen, por extrañas circunstancias, ser aquellas que se consideran sobredimensionadas presupuestariamente, educación, sanidad y servicios sociales. Ellos defienden una visión asistencial de la políticas sociales, correctoras de los déficit del mercado, pero no generadoras de igualdad, justicia social y reasignación democrática de los recursos. Razón de peso para no plantearse, por ejemplo, subir impuestos, perseguir el fraude fiscal o el lavado de dinero, ni congelar los presupuestos militares durante un lustro. En España, por ejemplo, el programa de modernización militar contempla la compra de 27 aviones Airbus A400M que entrarían en servicio en 2015; del helicóptero NH90 a partir de 2012 con un total de 48 unidades para el ejército de tierra, 28 para la Armada y otros tantos para el ejército del aire, activos todos en 2018 y para no ser menos, la adquisición de 232 misiles Meteor aire-aire, entre los años 1013 y 2016 para equipar sus Eurofighter Typhoon del ejército del aire. Lo dicho, no excluye el programa de modernización del parque en el ejército de tierra y la marina. Asimismo, los sueldos y salarios en las fuerzas armadas y policía no han sido congelados, teniendo un reajuste en función del incremento del nivel de vida interanual. Mientras, los restantes mortales, trabajadores, públicos y privados, sufren una rebaja en sus nóminas para así paliar la orgía de burbuja financiera de los bancos.
Misterios de la vida, la clase política, mira hacia otro lado y no le tiembla la mano para recortar en educación. Sus explicaciones son esquizofrénicas. Hoy, señalan, a pesar de ser la educación un factor de cohesión social, democracia y creadora de valores ciudadanos, no hay dinero público para invertir en su desarrollo, mejor traspasar esta labor a la empresa privada, quien siempre dispuesta a colaborar con el desarrollo educativo de la nación, asumirá esta labor de manera “desinteresada”. Así, el Estado se desentiende del proyecto educativo, renunciado a una enseñanza pública de calidad, universal, laica y gratuita. En pleno delirio febril, en Madrid, su comunidad autónoma, hace entrega de los escasos recursos públicos que dice tener a la empresa privada que actúa en el sector educativo, transformando la enseñanza en un mercado, siendo indiferente el matiz laico o religioso de sus impulsores. Hoy, emergen como setas universidades, colegios e institutos privados que en connivencia con los bancos, convertidos en los mecenas de la educación, financian estudios universitarios y de posgrado a quienes no pueden costearse su itinerario académico. sin ánimo de lucro, lo hacen otorgando prestamos a un interés “razonable”. La aplicación del modelo en Chile y España atestigua su fracaso con la huelga de estudiantes y las manifestaciones de profesores en Madrid, Navarra, Castilla La Mancha o Cataluña.
Lucía Figar, consejera de educación de la Comunidad de Madrid, defensora de esta alternativa, no se ruboriza cuando afirma que: “para ampliar los espacios de libertad y aumentar las libertades educativas en nuestra región... hemos elegido mejorar el panorama de la educación en centros de gestión privada con fondos públicos... Estos centros están sostenidos con el dinero público, pero tienen gestión privada y por tanto titularidad privada y son gestionados de modo privado”. ¿Cuál ha sido el resultado? La relación entre educación pública y privada en Madrid ha sufrido un vuelco, 48 por ciento está en manos de la empresa privada y la concertada. Quince años atrás no superaban 30 por ciento de la oferta educativa. La entrega del dinero público a empresarios y especuladores de la educación ha conllevado el deterioro del sistema educativo público. Una ingeniosa frase del 15-M pone el dedo en la herida: “Zapatero no habla inglés, Mariano Rajoy no entiende su letra, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, escribe cartas a los profesores con faltas de ortografía, pero no importa, se recorta en educación”. Y todo lo expresado es absolutamente cierto. Para muestra, la Comunidad de Madrid ha decidido rebajar 3 por ciento los fondos destinados a educación, 225 millones de euros, pero mantiene, para publicidad institucional, la cantidad de 115 millones. Sin comentarios.
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