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sábado, 17 de diciembre de 2011

por que es importante la defensa del art 24 estado laico


Desfiladero

Benedicto XVI: una limosnita para Peña Nieto

Jaime Avilés

Nada es gratuito. Salinas, Azcárraga, Roberto Hernández, Germán Larrea, los capitostes de la ultraderecha que domina, saquea y explota a 110 millones de mexicanos, han caído en trance de pánico frente a las elecciones de 2012, para las cuales no tienen candidato a la Presidencia –Peña Nieto se les ponchó y se les desinfla día a día; los tres merolicos panistas no son menos risibles y… paren ustedes de contar–, pero tampoco tienen proyecto viable –las reformas estructurales son una exigencia de las empresas españolas (en el ámbito laboral) y de las agencias de Estados Unidos (respecto de la llamada seguridad nacional)–, así que han decidido cerrar filas con el oscurantismo de la vela perpetua, echando mano de sus representantes en el Congreso.


El salinista Francisco Rojas y la antiabortista Beatriz Paredes (PRI), el garcialunista Javier Corral (PAN), la parasitaria congregación de los camachuchos (PRD), así como la banda de los caballeros que encabeza el que no sabe leer, ni conoce el monto del salario mínimo, ni el precio del kilo de tortillas, porque no es la-señora-de-la-casa (EPN), aprobaron anteayer, a troche y moche, una reforma al artículo 24 de la Constitución que –si los senadores la ratifican– permitirá, entre otras cosas, las siguientes:


Que los alumnos de las escuelas públicas se vean obligados a estudiar la religión católica y a demostrar sus conocimientos al respecto, presentando exámenes orales que, en caso de no aprobar, les impedirán avanzar en su formación académica.


Que en los canales de la televisión abierta –por decir algo, en programas como el de López Dóriga o Alatorre– intervengan sacerdotes como analistas políticos o conductores de sus propios espacios informativos (imaginen el reality show En el confesionario, con el vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, director del semanario Desde la fe).


Que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presente candidatos a los puestos de elección popular, con lo que en las cámaras habría bancadas de curas y monjas.


O que las fuerzas armadas asistan a misa vistiendo uniforme, y las tropas confiesen y comulguen, y sus capellanes las conforten y bendigan, exhortándolas a pelear como cruzados medievales.


Gracias al PRI, al PAN, a la derecha perredista, acaudillada por Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, con la venia de Elba Esther Gordillo; gracias a Televisa y Tv Azteca, al obispo Onésimo Cepeda y al arzobispo 


Norberto Rivera Carrera; gracias a El Yunque, a los legionarios de Cristo, al Opus Dei y a la ultramontana Casa sobre la Roca, que pastorea el reverendo Felipe Calderón Hinojosa, México podría llegar a ser, constitucionalmente, gobernado por una teocracia, como la de cualquier país fundamentalista islámico.&ht;+o:p>
Decenios de deseducación televisiva, de promoción del analfabetismo, de combate al hábito de la lectura, de fomento al sedentarismo audiovisual, culminaron con el ascenso al poder de los rancheros salvajes de Guanajuato (que se cultivaron deleitándose con las obras completas de José Luis Borgues y Rabina Gran Tagora), a quienes sucedieron los latinistas michoacanos (castigaremos severamente a quienes irrumpan la ley, dijo el ayatola Calderón en un discurso de 2007) y con ellos se enseñorearon de la SEP Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio, autores de la trepanadora reforma educativa, que eliminó la enseñanza de la ética y la lógica en la secundaria y de la filosofía en la prepa.
Ahora bien, si la clase política mexicana padece una prolongada crisis de legitimidad (dos gobiernos espurios, surgidos de fraudes electorales entre 1988 y 2006), las finanzas del Vaticano no atraviesan por uno de sus mejores momentos. El endeudamiento de la zona euro, que azota con particular dureza a los países del grupo Pegi (Portugal, España, Grecia e Italia), se refleja en la captación de limosnas que recibe la Santa Sede en los cepos de sus incontables sucursales, que suelen convocar a sus benefactores tremolando el canto broncíneo de sus campanas.
En su reporte financiero más reciente, que hizo público el sábado 2 de julio de 2011, el Vapicano informó que después de trabajar con números rojos de 2006 a 2009, sus ingresos en 2010 fueron de 356 millones de dólares (mdd) y sus gastos ascendieron a 340 mdd, lo que le dio una modesta ganancia de 16 mdd. Sin embargo, añadió, las donaciones que recibió de sus templos en el mundo, lo que se conoce como el óbolo de San Pedro, cayeron 15 mdd con respecto a 2009, y totalizaron 67 mdd, lo que representa una disminución de 18 por ciento.
Así que nada es gratuito. Ante el peligro de que el pueblo de México vote por el dirigente opositor que ofrece crear siete millones de nuevos empleos en 2013 (tal como lo hizo Roosevelt en 1933), regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles, detener el baño de sangre y actuar con honestidad, amor y justicia para impulsar la reconstrucción del país, la ultraderecha y sus partidos (PRI-PAN-PRD) le ofrecen a Benedicto XVI la liquidación del Estado laico y millones de pesos derramados en fervorosas y espontáneas limosnas, esperando a cambio de ello que, durante la segunda quincena de marzo del año entrante, pocos días antes del inicio de las campañas electorales (que arrancan el primero de abril), Herr Ratzinger aclare a los pinches proles quién sigue siendo un peligro para México, es decir, para la olinarquía.
Lozano se fuga
Para Javier Lozano Alarcón, el pianista panista que hasta el pasado miércoles fungió como secretario del Trabajo en el gabinete calderónico –puesto desde el cual arrojó al desempleo a 42 mil electricistas de la compañía de Luz y Fuerza del Centro y a 8 mil empleados de Mexicana de Aviación– acaba de comenzar un periodo de gran incertidumbre en su vida.
Susceptible de ser acusado penalmente, como presunto corresponsable del aparente fraude maquinado que condujo a la ruina a la aerolínea más antigua de México, Lozano vivirá los próximos meses fingiendo que sonríe, para disimular que en realidad estará pasando aceite, pues la larga lista de actos no necesariamente lícitos en que estuvo involucrado como funcionario público –desde el caso Zhen Li Yegon, hasta la entrega de la fibra óptica de Luz y Fuerza a Televisa– podrían frustrar sus aspiraciones de servir a sus paisanos desde el Senado.
Ahora que ha renunciado al fuero constitucional, los abogados de los sindicatos y las empresas que contribuyó a destruir podrían indiciarlo (o sea, señalarlo con el índice para que lo investiguen los tribunales) y ponerlo en serios aprietos. Por eso, mientras no recobre el fuero, si es que logra ser electo el domingo primero de julio, estos meses le parecerán eternos.
Por otra parte no menos tenebrosa, para cerrar su amargo año represivo con un broche de venganza, la rectora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Esther Orozco, despidió al titular de la editorial de esa institución, el poeta Eduardo Mosches. La directora de Difusión Cultural, Nora Huerta Guajardo, fue hasta su despacho, le exigió que lo desocupara y abandonara el edificio. Mosches, dirigente sindical de la UACM, ha denunciado en reiteradas ocasiones que Huerta Guajardo carece de título universitario y por ello no debería ejercer el cargo que ilegalmente ocupa… Dado el clima de emergencia nacional que vivimos, Desfiladero no tomará vacaciones. El próximo sábado no se pierdan Twitter para principiantes, un bonito regalo navideño.<+o:p>

viernes, 9 de diciembre de 2011

juicio a calderon peticion

Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.

Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).

Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).

Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:

El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.

El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.

Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.

El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).

Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.