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viernes, 23 de agosto de 2013

La lectura del futuro?

¿El fin de las instituciones públicas? John M. Ackerman En lugar de construir y legitimar las instituciones públicas, nuestra clase política está empeñada en debilitarlas y destruirlas. La iniciativa energética de Enrique Peña Nieto no solamente busca privatizar la industria petrolera, sino también desaparecer Pemex. Si la sociedad no logra detener esta nueva agresión, mañana podrían seguir UNAM, IPN, UAM, IMSS, Issste, Infonavit, entre otras. Así como hoy estamos obligados a comprar el agua potable de empresas privadas ante el fracaso del Estado para garantizar nuestro derecho al vital líquido, mañana los servicios médicos serían accesibles sólo para quien los pueda comprar. Así como hoy se han multiplicado las autodefensas en Guerrero y Michoacán ante la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, mañana los jóvenes tendrán que autoeducarse o, en su caso, recurrir a costosos endeudamientos para pagar la admisión a las universidades “públicas”. Carlos Salinas eliminó la posibilidad de una política industrial soberana y de un sano desarrollo para el campo con sus privatizaciones corruptas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sus propias reformas al artículo 27 constitucional. Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS y con el Fobaproa obligó al pueblo a pagar el oneroso rescate bancario de las familias más adineradas del país. Vicente Fox traicionó los indígenas de México con su desconocimiento de los acuerdos de San Andrés y favoreció a las empresas monopólicas con el otorgamiento de generosos beneficios fiscales. Felipe Calderón facilitó la quiebra de la aerolínea Mexicana, desapareció a Luz y Fuerza del Centro y privatizó las pensiones del Issste. Hoy Peña Nieto da continuidad a esta tendencia destructora al proponer borrar de un plumazo el petróleo, la electricidad, la petroquímica y todos “los demás hidrocarburos” del listado de “áreas estratégicas” de la nación enumeradas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Asimismo, sus reformas al artículo 27 permitirían a las empresas trasnacionales controlar la extracción, refinación y transporte del petróleo y el gas natural en todo el país. Tal como ha explicado a Bloomberg el ex brazo derecho de María del Carmen Alanís en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hoy flamante subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, el control de estas empresas será tan completo que incluso les permitirá reportar las reservas como “suyas” en Wall Street (véase: http://ow.ly/o20iY). La reforma también permitiría a las grandes empresas lucrar y especular con la generación de electricidad en México. Es evidente la intención de desplazar a Pemex y la CFE para sustituirlas por Chevron, Shell, Halliburton y empresas de generación de electricidad corruptas y defraudadoras, como Enron. Resulta una vil mentira y un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano la idea de que la iniciativa presidencial no sería privatizadora ni sacrificaría la soberanía nacional. Con la reforma, empresas privadas que trabajan en función de sus accionistas en Wall Street y obedecen órdenes de gobiernos extranjeros tomarían el control sobre algunas de las áreas más sensibles de la economía nacional. Se impondrían sus leyes y sus prioridades por encima de las normas nacionales y el bienestar de los mexicanos. Recordemos que el motivo principal que impulsó la expropiación petrolera en 1938 fue que las petroleras internacionales desconocieron las leyes del país. Específicamente, se negaron a reconocer el derecho constitucional de los trabajadores a un salario digno y una jornada laboral de 40 horas semanales. También chantajeaban con dejar de extraer y producir petróleo si el gobierno los obligaba a cumplir con la ley. Cuando las empresas persistieron en su intransigencia aún después de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra, el presidente Lázaro Cárdenas fue obligado a actuar. Quedarse inmóvil hubiera significado aceptar la existencia de dos órdenes jurídicos en el país, uno para las empresas extranjeras y otro para el pueblo mexicano. La decisión de Cárdenas de asumir el control estatal sobre las empresas petroleras fue en aras de garantizar la plena vigencia del Estado de derecho para todos por igual en el territorio nacional. Hoy Peña Nieto propone devolver el petróleo, junto con el premio adicional del gas natural y la electricidad, a las mismas empresas que fueron expropiadas hace 75 años. Así, da continuidad a las últimas tres décadas de presidentes mexicanos quienes han traicionado el legado de Cárdenas al fomentar un estado de excepción para los empresarios más poderosos y darle la espalda al pueblo trabajador. Los trabajadores de la industria petrolera son el sector más vulnerable ante una eventual privatización y tendrían que ser los primeros en levantar la voz. Un reciente reportaje del Washington Post (véase: http://ow.ly/o20RW ) revela cómo las empresas trasnacionales incurren sistemáticamente en prácticas laborales abusivas e ilegales, como en 1938. La reforma energética es entonces similar a la reforma educativa. Una vez más se busca que los trabajadores de base paguen los costos de la corrupción de los funcionarios gubernamentales y los líderes sindicales. Peña Nieto y sus socios se frotan las manos en espera de grandes recompensas por su servicio a Washington y al gran capital. Pero quien realmente merece ser premiado es el pueblo de México: mujeres, hombres y jóvenes libres quienes han logrado sobrevivir con el sudor de su frente décadas de robo por de parte de sus gobernantes. El primer paso para recuperar un poco de lo que les corresponde será tomar las calles para poner un alto definitivo al saqueo que implica la reforma energética del PRI. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman

jueves, 27 de diciembre de 2012

Legisladores promueven la austeridad pero se autorizan más salario y prestaciones

Cada diputado federal tendrá un sueldo base de $105 mil 378 al mes
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 3

El Congreso ejercerá 961 millones de pesos más el próximo año respecto a su gasto de 2012, y prácticamente llegará a un presupuesto de 12 mil millones, de los cuales poco más de la mitad corresponden sólo a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el presupuesto que el Congreso aprobó para su operación –así como el de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que depende de la Cámara de Diputados– también habrá un incremento en la dieta de diputados y senadores, así como de sus prestaciones.
El incremento del gasto se da después de un periodo de austeridad que marcó el ejercicio de la 61 Legislatura, que prácticamente ajustó el aumento de sus partidas a la inflación.
Según el anexo 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, titulado Remuneración total anual del puesto de elección diputado federal, cada uno de los 500 integrantes de la 62 Legislatura tendrá un sueldo base o dieta de un millón 264 mil 536 pesos, esto es, un ingreso mensual de 105 mil 378 pesos.

A ese monto se agregan los conceptos de asistencia legislativa, por 45 mil pesos, y de atención ciudadana, por 28 mil, que aun cuando son pagados a los legisladores, no son susceptibles del impuesto sobre la renta, porque no se consideran salario.

Asimismo, se prevé un aguinaldo de 198 mil 187 pesos –los actuales diputados cobraron la parte proporcional de 42 mil pesos, por su trabajo de septiembre a diciembre–; 33 mil 360 pesos de ayuda para despensa, y se les paga un seguro de gastos médicos mayores equivalente a 110 mil 610.

Para el año que está por terminar, el Poder Legislativo dispuso de un presupuesto de 10 mil 987 millones de pesos, de los cuales 5 mil 795 correspondieron al gasto de los diputados, 3 mil 506 de los senadores y mil 486 millones para la ASF, que se encarga de la fiscalización en el ejercicio del gasto.

Ahora, las dos cámaras ejercerán 11 mil 948 millones de pesos. De ese monto, 6 mil 510 serán asignados a la Cámara de Diputados (715 millones más); 3 mil 706 a la Cámara de Senadores (200 millones más), y mil 661 a la ASF.

martes, 13 de noviembre de 2012

ASTILLERO MEDIDORES CFE LA JORNADA MARTES 13 NOVIEMBRE

 
Hay tal sentido de ansiosa practicidad en el mando político que ya está instalado en México, aunque en términos de protocolo asumirá el poder el próximo uno de diciembre, que es válido preguntarse hasta dónde llegará esa predisposición avasallante si en una nación atribulada y debilitada por un gobierno federal que se va no existen los adecuados y suficientes contrapesos a un grupo políticamente victorioso (el de Peña Nieto y sus aliados y patrocinadores ejecutivos) que cree que puede hacer impunemente lo que quiere.

Constituido por factores de frivolidad, abuso y aprovechamiento faccioso (en distintas proporciones, cambiantes conforme a las necesidades de cada circunstancia), el nuevo grupo en el poder ha ido avanzando en la exploración del umbral de resistencia de los mexicanos ante la corrupción y la imposición. Del Haiga sido como haiga sido que es la sublimación confesional del calderonismo 0.56 por ciento, pasando por la increíble historia de la niña Paulette y la cama asesina como confirmación del desprecio del peñanietismo no sólo por el derecho y la justicia, sino incluso por la salud mental de los mexicanos, hasta la compra del poder público en 2012 mediante operaciones a la vista de todos que luego son simplemente negadas mediante el manejo disuasivo de discursos estupefacientes y medios de comunicación aliados.

Todo va demostrando a los nuevos dueños del país (etiquetación derivada de la fallida alianza entre PRD y PAN que supuestamente trataría de conjurar esa vocación propietaria del priísmo) que, tomando como referencia la postración nacional, el desánimo cívico, la ambición mercantilizable de las estructuras partidistas opositoras y la institucionalidad damnificada, les será posible aprobar reformas al interés popular inmediato y rediseñar el país conforme a los intereses potenciados de las élites cuya inversión política y económica triunfó en julio pasado.

Una muestra menor de ese desdén cabalgante se ha dado en el tema de las boletas electorales que ayer comenzaron a ser destruidas. Ni para qué batallar con esos documentos, correspondientes a los comicios de hace apenas unos meses, como hubo de hacerse con los de 2006. Ya aquí mismo el tecleador astillado expuso hace semanas su convicción de que de poco sirve en realidad el mantenimiento de esos paquetes, que poco podrían probar de fraudes mayúsculos cuya principal parte se preparó e indujo desde fuera de las urnas, pero los arrebatos desde el poder que llega (al que obedecen tanto la cúpula rectora del IFE como del tribunal electoral federal), la premura por deshacer objeciones, el proceso de acallamiento mediático, la concertación marrullera y vulgar de alianzas legislativas, los indicios de lo que puede ser el próximo gabinete, los grupos y personajes que ya se mueven con aires de intocabilidad y prepotencia sexenales, van mostrando que en las alturas políticas a la espera de regresar formalmente a Los Pinos se fortalece peligrosamente una lectura desproporcionada de la desgracia nacional, asumiendo que ha sido vencida toda resistencia, que la oposición está domesticada y dividida, que los ciudadanos soportan y soportarán todo lo que se les imponga.

En otro tema, Rubén García Moguel denuncia en ejercicio cívico lo que le consta respecto a propuestas de corrupción en el marco del programa de cambio de medidores de consumo por la Comisión Federal de Electricidad. Dicho programa sustituye los antiguos aparatos por otros, electrónicos, que supuestamente darán fin a las denuncias de consumidores por excesos en los cobros bimestre a bimestre.
En ese contexto, a principios del mes en curso se anunció en la delegación Benito Juárez, del Distrito Federal, la inminente visita de brigadas de técnicos especializados en la sustitución de medidores, aclarando que la operación sería totalmente gratuita. Una decena de trabajadores, llegados a bordo de camionetas tipo Van con logotipos de la CFE en las portezuelas, realizaron las faenas técnicas.
Pero, “ya adentro de las casas o condominios y una vez iniciados los trabajos de desmonte de los viejos medidores, los jóvenes técnicos (no más de 23 o 25 años de edad) ofertan la posibilidad de que uno como titular de la cuenta se pueda ahorrar 35 por ciento de consumo eléctrico. Para que esto ocurra, el medidor electrónico que llevan para colocar (‘que es normal’) puede ser sustituido por uno especial, que le cuesta al cuentahabiente mil 500 pesos (si no hay mucha demanda lo rebajan hasta 800 pesos, pero no menos).

“Los jóvenes técnicos de la CFE –añade García Moguel– dicen garantizar que los medidores especiales, en caso de una supervisión futura, no van a ser sustituidos, pues los dejan con algunas señales que son el aviso para los supervisores de que el medidor especial no debe ser evaluado. Y al ser interrogados sobre cómo compensarán la caída del consumo, contestan que no hay problema y que las casas que no tengan el medidor especial no se les recargará el consumo para compensar esas caídas en los registros de la CFE (pues es lógico que vendría una caída en los montos de dinero cobrado por consumo) pero sí quedan obligados pagar 100 por ciento del consumo. Cuando se les pregunta si traen el medidor especial en ese momento responden que no, que tardan una hora en traerlo, pues lo tienen que ir a buscar a la gerencia de zona.

Quienes instigan a estos jóvenes técnicos a delinquir de esa manera parten de la idea de que todo el ciudadano mexicano es corrupto, porque la oferta la realizan sin rubor alguno e incluso van y tocan a la puerta para preguntar si se va a adquirir el medidor especial, pues tienen que hacer el trámite para traerlo. Es una tristeza que esto ocurra así, en México.

Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

martes, 29 de mayo de 2012

CUAL NUEVO PRI?, LA GENTE YA NO ESTA TAN TONTA E IGNORANTE, bueno algunos todavia.

PRI: el neonato envejecido Luis Hernández Navarro Bastaron dos semanas de protestas estudiantiles para que el nuevo PRI” mostrara su vejez. Las marchas de los jóvenes develaron la falsedad de la renovación tricolor y su candidato a la Presidencia. El movimiento #YoSoy132 puso al descubierto el fundado temor de una parte importante de la sociedad mexicana ante el regreso del tricolor y sus viejas formas de hacer política, asociadas todas al autoritarismo presidencial. La reacción de Pedro Joaquín Coldwell, presidente del PRI, y del senador Arturo Escobar y Vega, su aliado del Partido Verde, intentando descalificar la legitimidad de las protestas estudiantiles en la Universidad Iberoamericana, mostraron que el partido continúa anclado a las viejas prácticas y que el discurso del “nuevo PRI” no es sino un recurso retórico vacío y demagógico. Enrique Peña Nieto intenta convencer de que el “nuevo PRI” no va a resucitar viejas formas de hacer política, que ya están sepultadas. “Es momento de romper con el pasado”, aseguró el 25 de mayo. Sin embargo, ni hay caras nuevas en el partido ni mucho menos se ha emprendido su reforma desde el interior. Ante la protesta, los tecnócratas que controlan los contenidos de la campaña han mostrado no sólo falta de reflejos, sino muy poca imaginación política. Creyeron que la acción combinada de televisoras, encuestas, intelectuales mediáticos e intereses empresariales era suficiente para ganar la Presidencia. Ahora, frente a un movimiento que se declara simultáneamente político y apartidista y que cuestiona frontalmente su modelo de hacer política, navegan a la deriva. El decálogo-manifiesto para una presidencia democrática que el equipo de campaña del candidato se sacó de la manga como reacción ante las protestas estudiantiles, y que no es sino el refrito de libertades contenidas en la Constitución, habla de la debilidad ideológica y programática del PRI. La pobreza teórica del documento camina de la mano de la precariedad del vocabulario de Peña Nieto. En sus intervenciones públicas, el aspirante a la primera magistratura es incapaz de utilizar más de 500 palabras distintas. Para algunos analistas cercanos al tricolor, la renovación del partido proviene de tres vertientes diversas. La primera es la ascendencia de una nueva generación de tecnoburócratas, jóvenes funcionarios formados en la Ivy League o en universidades estadunidenses de excelencia, estrechamente vinculados a los intereses del capital financiero. La segunda es la autonomía de sus gobernadores, facilitada por 12 años de gobiernos panistas. La última –y la que más se divulga en la opinión pública– es el surgimiento y empoderamiento de una nueva camada de políticos, cuya expresión más acabada es que un joven gobernador, por primera vez, haya ganado la candidatura presidencial. Esta tesis, que confunde la capacidad de renovación de un partido político con la edad de sus candidatos, fue defendida por el mismo Enrique Peña Nieto en su participación en el programa Tercer grado, de Televisa. Cuando le preguntaron por ejemplos concretos del nuevo PRI, no hizo alusión a alguna reforma partidaria o a algún proceso renovador en su organización, sino a la juventud de sus colegas gobernadores de Quintana Roo, Roberto Borge; de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte, y hasta el de Campeche, Fernando Ortega Barnés, que rebasa los 50 años. ¡Como si la edad fuera garantía de modernidad! En el PRI, los líderes jóvenes resultan ser, en esencia, copia fiel de sus ancestros. No en balde resulta tan certera una frase atribuida al hoy caído en desgracia y ejemplo del nuevo PRI Tomás Yarrington: “Los dinosaurios no se hacen, nacen; son dinosaurios desde chiquitos”. El propio ex gobernador del estado de México es producto de la escuela de Isidro Fabela, continuada por Carlos Hank González y seguida sin cambio alguno hasta Arturo Montiel, su tío y protector. Todos forman parte del PRI del viejo sistema, el único realmente existente. A pesar de tener tan sólo 45 años y comportarse como galán de telenovela, Peña Nieto es un viejo prematuro. Su lenguaje corporal, su propuesta de gobierno, sus reflejos políticos huelen a rancio. Sus desplantes autoritarios en la Universidad Iberoamericana a la hora de justificar la represión de Atenco (que provocó la muerte a manos de la policía del niño Javier Cortés, de 14 años, y del joven de 20 años Ollin Alexis Benhumea; violaciones sexuales de mujeres y hombres y todo tipo de arbitrariedades jurídicas) lo muestran como una versión renacida de Gustavo Díaz Ordaz. Para ver qué tanto se ha renovado el PRI basta revisar la lista de sus candidatos plurinominales al Senado. No hay allí ninguna cara nueva. La lista no tiene desperdicio: el hombre de los intereses, Emilio Antonio Gamboa Patrón; el sempiterno líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps; el inamovible cacique de los trabajadores al servicio del estado, Joel Ayala Almeida; el heredero del zar de la basura, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Los priístas se sorprenden del rechazo juvenil a la posibilidad de que el tricolor retorne al poder. Los intelectuales mediáticos desestiman el alcance y la profundidad del malestar estudiantil esgrimiendo como argumento la supuesta infalibilidad de las encuestas que señalan como puntero al mexiquense. Pero ni unos ni otros son capaces de explicar dónde está lo novedoso del “nuevo PRI”. Ambos callan que el partido no ha experimentado el mínimo proceso de reforma, no ha hecho el menor esfuerzo por renovarse. Miles de jóvenes no se tragan el anzuelo del “nuevo PRI”. No quieren al partido. Deploran el contubernio de las televisoras con el candidato del tricolor a la Presidencia de la República. Les parece deplorable. No ven en él a un político con el que se identifiquen generacionalmente, sino a un personaje artificial creado por el Canal de las Estrellas para favorecer sus intereses. No consideran que sea la figura política capaz de encabezar el cambio, sino el principal promotor de la restauración autoritaria. Peña Nieto es para ellos un neonato envejecido. Tienen toda la razón.