martes, 31 de diciembre de 2013

Si solo entendieran los mexico sin tontos esto!

Petróleo y soberanía: más allá de México
Pedro Salmerón Sanginés
L
os partidarios de la reforma energética prianista nos piden que comparemos, que revisemos los benéficos efectos de la operación de dichas compañías en los países que no han cometido la torpeza de echarlas de su territorio, como hizo el general Cárdenas en 1938. De acuerdo, hagamos un poco de historia.
Las grandes compañías petroleras ejercen un poder político y económico inaudito y a escala universal. Tres de esas compañías, la Standard Oil, la Royal Dutch Shell y la Anglo-Iranian, se repartieron el mundo en 1928 y, al parecer, sus herederas continúan ese acuerdo: la Shell mantiene su nombre; la Anglo-Iranian se convirtió en British Petroleum, y complejos procesos de fragmentación y fusión han convertido a la Standard Oil en la ExxonMobil y la Chevron-Texaco.
Estas compañías controlan entre 10 y 15 por ciento de la producción global de crudo, frente a 30 por ciento de las mayores empresas estatales del mundo. Sin embargo, las cuatro gigantescas multinacionales obtienen ganancias muy superiores a las empresas estatales porque se enfocan a la refinación, industrialización y comercialización de derivados del petróleo, negocios mucho más rentables que el de la extracción. En la época en que controlaban la extracción, el petróleo mexicano fue de su propiedad; luego, durante 40 años decidimos con relativa libertad nuestra política petrolera, pero en 1977 hubo un cambio de paradigma que reorientó a Pemex hacia la extracción, lo que, sumado a su descapitalización y sabotaje por los gobiernos neoliberales, hará del negocio petrolero mexicano exactamente lo que necesita el oligopolio mundial: un país exportador de crudo para beneficio de aquellas empresas. Exactamente igual que en el porfiriato.
El oligopolio mundial del petróleo ha financiado golpes de Estado, impuesto monarcas y dictadores e impulsado sus intereses de manera criminal. De una lista muy larga vale recordar el boicot al petróleo mexicano entre 1938 y 1942 (así es: el actual gobierno quiere abrir la puerta a las mismas empresas que hicieron todo lo posible por empujar a sus gobiernos a hacernos la guerra); el bloqueo a Cuba iniciado en 1960 por presiones de la Standard Oil; el golpe de Estado en Uruguay en 1933, que acabó con el intento de control de la refinación de petróleo por el Estado. Este golpe, así como las sucesivas amputaciones de Petrobras, fue precedido por una campaña propagandística orquestada por la Standard Oil y la Shell, cuyo tono y términos son extraordinariamente parecido al que enfilan contra Pemex nuestros gobernantes.
En Argentina el cártel mundial del petróleo financió los golpes militares de 1930, 1943 y 1966, que se dieron con toda oportunidad para evitar leyes que las empresas consideraban nocivas para sus intereses. Y necesitaríamos varios artículos para contar las presiones, mutilaciones y agresiones sistemáticas del oligopolio contra los intentos brasileño y venezolano por controlar y aprovechar en beneficio propio sus riquezas del subsuelo. Además de cuartelazos, la Standard Oil y la Shell provocaron la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia (1932-1935). Si nos vamos a Medio Oriente la historia es igual de aterradora: guerras, cuartelazos, invasiones y destrucción para que los gobernantes locales se plieguen a los dictados de las cuatro: La gran guerra por la civilización, de Robert Fisk, ilustra con claridad y precisión quiénes están detrás de los genocidios y las catástrofes humanas de Medio Oriente, y por qué las provocan.
Dicen los jilgueros del gobierno que aquí no pasará eso cuando nos entreguemos a las cuatro (o dada su división del mundo, más bien a la ExxonMobil y a la Chevron: la misma Standard Oil que se rebeló contra nuestras leyes en 1927 y 1938), porque serán reguladas y acotadas. Más allá de que jamás nadie ha podido hacer eso (o se les expulsa, o ellas imponen sus reglas), ¿quién las regulará y las acotará?, ¿los mismos que han regulado el monopolio en telefonía y el duopolio televisivo?; ¿los que impiden que nuestro sistema financiero pase por completo a manos extranjeras?, ¿los que acotan y limitan el poder del crimen organizado?, ¿los que estorban que la minería vuelva a ser el negocio más sucio y uno de los más criminales de nuestra historia?
Historia, dirán las derechas entreguistas, esas generosas trasnacionales ya no se portan así. Ideología, dirán, haciendo caso omiso de los hechos. No son verdades, sólo interpretaciones, dirán otra vez mis críticos. Por eso EPN puede mentir impunemente, porque sólo hay una verdad: el dogma de la mano invisible del mercado.
¿Cómo no llamarlos por su nombre, traidores a la patria?
Twitter: @salme_villista

Connect America la CFE desmantelada negocios familiares


Para concretar un negocio multimillonario a costillas de la infraestructura del Estado lo mejor es que todo se haga con amor y quede en familia (biológica y política). Y qué mejor si la integran suegro, yerno e hija, acomodados todos en puestos gubernamentales claves (en México y Estados Unidos), pues así se construye un canal directo de comunicación, permanente, eficiente y altamente confiable, lo que es garantía de un final feliz y exitoso.
Resulta que el senador Manuel Bartlett (La Jornada, Andrea Becerril) denuncia que “Carlos Pascual, ex embajador de Estados Unidos en México, reveló ante el Congreso de su país que planean establecer un sistema eléctrico hemisférico, con grandes beneficios para las trasnacionales estadunidenses. El pasado 11 de abril, Pascual, quien ahora es jefe de Energía del Departamento de Estado, presentó a la Cámara de Representantes un documento en el cual detalla que hay un proyecto denominado Connect America, en el que las empresas de su país, ‘desde la frontera con México hasta la Tierra del Fuego’, pueden establecer un sistema eléctrico que representa un negocio de 1.4 billones de dólares”.
En ese documento, detalla Bartlett, “Pascual insiste en que se trata de un sistema que operaría en todo el continente americano y es una ‘gran oportunidad’ para las empresas de Estados Unidos de entrar a ese negocio, que vale ‘miles de millones de dólares’. Eso demuestra que la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad responde a los intereses de Estados Unidos y sus corporaciones financieras y energéticas. Ahora que se consumó la reforma energética, ‘con todo tipo de irregularidades, ilegalidades y trampas, en un virtual golpe legislativo, el ex embajador de Estados Unidos va a estar muy contento’”.
En realidad, de tiempo atrás el ex embajador Pascual está muy contento, porque en su afán por aterrizar la privatización energética de México lo primero que logró concretar fue una sólida relación sentimental con la hija de uno de los destacados integrantes del circuito del poder político-empresarial desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari, quien fue el primer secretario de la Contraloría General de la Federación, hoy de la Función Pública, ocupó la dirección general de Petróleos Mexicanos y, en el sexenio calderonista, coordinador de la bancada del tricolor en San Lázaro, entre otros cargos públicos.
Y entre el amor, la privatización y los negocios, las piezas fueron acomodándose como por obra de cupido: el yerno, Carlos Pascual, fue designado por el Departamento de Estado enviado especial y coordinador de Asuntos Internacionales de Energía, con el fin de garantizar la seguridad energética de su país; su gran amor, Gabriela Rojas Jiménez (la hija), fue nombrada por Enrique Peña Nieto directora general adjunta de la Secretaría de Gobernación asimilada al servicio exterior mexicano en Washington DC (léase en la embajada mexicana en la capital estadunidense), y el papá de la novia (léase el suegro), Francisco Rojas Gutiérrez, fue ungido por el nuevo inquilino de Los Pinos director general de la Comisión Federal de Electricidad (pieza clave en el entramado de Connect America, que tanto presume el ex embajador estadunidense en nuestro país) para, entre otros fines, concretar la privatización del servicio público de energía eléctrica.
Se trata de una acaramelada historia de amor, aderezada de un maravilloso entorno familiar, excelentes negocios y órdenes muy precisas de sus respectivos gobiernos para aterrizar –rapidito y de buen modo– la de por sí avanzada privatización eléctrica en México y su decidida incorporación al proyecto Connect America, presentado en sociedad durante la sexta Cumbre de las Américas 2012 (celebrada en Cartagena, Colombia, en abril de ese año) y aplaudido (léase asumido) por el entonces inquilino de Los Pinos, el inefable Felipe Calderón, a quien se le apestó la posibilidad de ser él el gran privatizador del sector energético mexicano. Aun así no hubo problema, porque el relevo en Los Pinos garantizó la continuidad y el aterrizaje de tal proyecto.
Se desconoce cuál es el sueldo que el Departamento de Estado paga a Carlos Pascual, pero se sabe (vía Ifai) que a la señorita Rojas Jiménez la Secretaría de Gobernación le deposita 62 mil 211.33 pesos mensuales netos, y a su papá la Comisión Federal de Electricidad le apoquina 143 mil 492.42 pesos, también netos y cada 30 días. Esa es la información oficial. Muy poco ingreso, en el caso de papá e hija, para un propósito tan noble como el citado: un negocio, a costillas de la nación (en el caso mexicano y en el de otros gobiernos latinoamericanos igual de solícitos que el de aquí), que representa 1.4 billones de dólares (el PIB mexicano completito), de acuerdo con la denuncia del senador Bartlett. Pero es tal el amor, el entendimiento familiar y la pasión privatizadora, que la parte salarial es lo menos importante.
La revista Proceso (Jesús Esquivel, 27 de abril de 2013) lo reportó así: “Una designación que pasó casi inadvertida en México ha causado inquietud y estupor entre los diplomáticos mexicanos de carrera: la de Gabriela Rojas Jiménez como agregada de la Secretaría de Gobernación en la embajada de (México en) Estados Unidos. La funcionaria es hija de Francisco Rojas, director de la Comisión Federal de Electricidad, y es también esposa de Carlos Pascual, el ex embajador estadunidense que ahora se encarga curiosamente de los asuntos energéticos de la cancillería de su país. En una decisión que podría desembocar en un conflicto binacional de intereses, el gobierno de Enrique Peña Nieto nombró agregada de la Secretaría de Gobernación en la embajada en Estados Unidos a Gabriela Rojas Jiménez, esposa de Carlos Pascual. Rojas Jiménez es hija de Francisco Rojas (…) y asumió su puesto en la sede diplomática la semana pasada, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, realizaba una visita oficial en Washington”.
Lo mejor del caso es que en este romántico caso la señorita Rojas Jiménez no aparece relacionada en el directorio oficial (SRE) del personal que despacha en la embajada mexicana en Washington, pero el Ifai sí registra cargo, nivel y salario de la electrizante novia del ex embajador estadunidense, quien también ha ocupado cargos en el Consejo de Seguridad Nacional de su país.
¿Dudas sobre el amor, los negocios y las privatizaciones en México?
Las rebanadas del pastel
Y en este romántico ambiente, feliz Año Nuevo, con todas las reservas del caso. Un abrazo y ¡salud! Nos rencontramos el próximo jueves.
Twitter: @cafevega

sábado, 28 de diciembre de 2013

Link de el texto de la reforma energetica la venta de CFE , pemex y los recursos de la nacion

http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/decreto-reforma-energetica.pdf

Depidos masivos CFE y Pemex La jornada sabado 28 diciembre

Prevén senadores de PRD despidos masivos en CFE y Pemex por la reforma energética
Indican que los contratos colectivos de ambas empresas estarán también en vías de desaparecer
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Sábado 28 de diciembre de 2013, p. 5
Uno de los primeros efectos de la reforma energética recién promulgada será el despido de miles de trabajadores petroleros y electricistas, toda vez que las empresas extranjeras que se harán cargo de la explotación y refinación de hidrocarburos y de la generación de electricidad, o traerán su propio personal o dejarán en el desempleo al personal con mayor antigüedad, advirtieron senadores del Partido de la Revolución Democrática.
En entrevistas por separado, Luis Sánchez, Rabindranath Salazar y Fernando Mayans señalaron que la experiencia en otras privatizaciones demuestra que en cuanto se desincorporan empresas, sobrevienen las salidas masivas de personal y la pérdida de derechos para los que permanecen.
El senador Salazar resaltó que en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex) van a ser despedidos unos 100 mil, toda vez que la aún paraestatal dejará de realizar las actividades de refinación de crudo, todo lo referente a petroquímica y el almacenamiento y transporte de hidrocarburos y de gas.
Igualmente, el senador Sánchez advirtió que en unos dos años, plazo que se da en la reforma energética para la transformación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dejarán de ser entidades públicas para convertirse enempresas productivas del Estado, los contratos colectivos de petroleros y electricistas estarán también en vías de desaparecer.
Explicó que en los cambios de última hora que se hicieron al dictamen de la reforma energética –la madrugada del pasado día 11– se incluyeron modificaciones al artículo 25 constitucional que permitirán a la Secretaría de Energía fijar hasta las remuneraciones del personal de Pemex y la CFE.
Por separado, el senador Mayans recordó que en uno de los foros de consulta que se efectuaron en el Senado, antes de la discusión de la reforma, el dirigente de la Asociación de Mexicana de Empresarios Gasolineros, Pablo González Córdova, advirtió que la entrada de gasolinerías privadas al país provocará en automático el despido de todos los trabajadores que ahora laboran en ese sector, ya a que el servicio que ofrecen las empresas extranjeras es automatizado.
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Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, laboran en la colonia Año de Juárez, delegación Iztapalapa, resguardados por policías federales, el 10 de enero pasadoFoto Alfredo Domínguez
Chevron, Shell, Exxon y otras trasnacionales que vendrán a operar las gasolinerías, ya no necesitarán de empleados, ya que el propio cliente se surte del combustible.
El senador Sánchez comentó que el artículo segundo transitorio de la reforma energética establece que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, pero como lo dijo durante la discusión del dictamen Alejandro Encinas, seguramente se refieren al derecho a la liquidación.
Es obvio, agregó, que las trasnacionales que se harán cargo de la explotación del petróleo, no van a recontratar a toda la plantilla de Pemex, ni a respetar el contrato colectivo de los petroleros, ni su sindicato.
En el caso de la CFE –agregó– la situación es aún peor, porque le retiran la actividad de producción y transformación de la energía eléctrica y le dejan sólo algunas actividades de conducción y comercialización, aunque estas últimas también podrán ser puestas a disposición de las empresas extranjeras.
Hizo notar que se acabó con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y su contrato colectivo para dar gusto a las empresas extranjeras que ya generan parte de la electricidad, y lo mismo sucederá al otro sindicato, el Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), titular del contrato colectivo entre la CFE y sus empleados.

lunes, 23 de diciembre de 2013

La Jornada 23 diciembre 2013

Adiós, Independencia; adiós, Revolución
Hermann Bellinghausen
M
éxico es gobernado por sus traidores hace medio siglo, en escala progresiva y en la cadenita detrás-de-ti-vendrá-quien-bueno-te-hará. Al formalizarse la cesión del espectro energético a las potencias extranjeras –que ya no consisten sólo en gobiernos, pues se trata de empresas sin los compromisos formales de cualquier gobierno– sólo dimos otro paso decisivo al precipicio como nación. Las falacias de los traidores han cambiado, son más cínicas, pero en esencia sirven para lo mismo: medrar con la patria, un negocio tan inagotable como la riqueza que ella contiene. (Llama la atención que la mayor riqueza, su gente, sea lo que tratan con mayor desprecio los poderosos y los legisladores que sobornaron.)
El ciclo de traición inicia formalmente el 23 de mayo de 1962 en las inmediaciones de Xochicalco, Morelos, donde fueron hallados los restos del líder campesino Rubén Jaramillo y toda su familia. Horas antes los había secuestrado el Ejército federal por órdenes del secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz, que también mandató el sacrificio. Para que vieran que no le temblaba la mano. En 1968, ya presidente, en Tlatelolco confirmaría de qué estaba hecho el tipo. Al asesinar, con la evidente venia de Adolfo López Mateos, al último revolucionario en activo en la senda de Zapata y Cárdenas (y además amnistiado), inaugura el ciclo ya largo de traición histórica que no hecho sino profundizarse.
El despeñadero al que nos llevan los poderes de la Unión representa el paso siguiente de un viejo y repugnante plan que consiste en enajenar México de los mexicanos, vecinos inevitables –hoy finalmente sometidos– del coloso del norte, cuyo destino manifiesto, y por extensión del capitalismo global, siempre ha sido devorarnos.
El ciclo se define en el periodo donde dos presidentes sucesivos, Díaz Ordaz y Luis Echeverría, quedan incluidos en la nómina de la CIA. ¿Qué tanto es tantito cuando se trata de traición a la patria? Los sucedería un accidental sombrerero loco a quien le volvió a saltar la libre en el cuerno de la abundancia y se dejó flotar de muertito. El periodista Manuel Buendía me dijo un buen día, y pidió no divulgarlo, que José López Portillo gobernaba como el príncipe de Gales: que otros decidieran. En ese contexto se gesta un sutil golpe de Estado neoliberal que se afianza con la tecnocracia galopante de Miguel de la Madrid, es decir, Carlos Salinas de Gortari, su zar económico y su Díaz Ordaz, que en 1988 se hace de la Presidencia y encamina la definitiva integración de México (o sea su desintegración) al proyecto imperial que hacía más de un siglo aguardaba un nuevo santanato. Con esa fijación nacionalista de los mexicanos a quienes hoy insultan los Beltrones, no se pudo ni con Porfirio Díaz, que como quiera le plantaba cara al invasor.
Como los traidores se traicionan entre sí (onda la fábula del alacrán y la rana: el que nace para alacrán no se puede resistir), Ernesto Zedillo traicionó a Salinas (éste lo dice cada que puede) y quedó en posición de convertirse en el presidente más genocida del siglo pasado. Ya vendría Felipe Calderón Hinojosa a disputarle el récord. Zedillo rescató (regaló) fraudulentamente la banca y transmitió, copeteado, el negocio privatizador a Vicente Fox, ese gran demócrata de la transición que clarito dijo que gobernaría para los empresarios, a cuyo círculo anhelaba unirse. Parece que lo logró.
El botín ha sido tan bueno que se multiplicaron los apostadores en la imparable subasta. A los suculentos negocios de Estados Unidos se sumaron mineras canadienses, banqueros y saqueadores eólicos de España, inversionistas e importadores chinos.
Un novedoso sistema empresarial paralelo e ilegal, llamémoslo narcotráfico para abreviar, metió baza y la sacó colmada, en franco entendimiento funcional con los gobiernos (que lo combaten con oportuna ineficacia) y los poderes económicos transnacionales a los que allana terreno para vaciar y vaciar nuestra proverbial cornucopia.
En los viejos tiempos, los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública nos enseñaban a millones de niños que vivíamos en el cuerno de la abundancia. Hasta la forma teníamos en el mapamundi.
De allí salían frutos, bellezas y riquezas inagotables. Hoy a nadie se le ocurre pregonar tan ingenua alegoría (¿dónde guardar la otrora citable Suave Patria, de Ramón López Velarde?) La abundancia no se acaba, nomás que ya no es nuestra.
Al comentar con agudeza el fallecimiento de Nelson Mandela, el periodista encarcelado Mumia Abu Jamal hace una referencia que viene al caso rescatar: Kwame Nkrumah, primer presidente de la Ghana poscolonial, dijo alguna vez que la independencia política sin independencia económica es sólo una ilusión. Que nos lo digan a los mexicanos.

domingo, 22 de diciembre de 2013

ACTEAL la jornada 22 diciembre 2013

Acteal: 16 años de impunidad
S
e conmemora hoy el decimosexto aniversario de la masacre perpetrada por un grupo de paramilitares de filiación priísta en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en la que murieron 45 personas –mujeres, hombres y menores– y otras 26 resultaron heridas.
En aquel momento, y durante los lustros posteriores, se ha mantenido la versión oficial de que esa atrocidad registrada en la localidad tzotzil fue consecuencia de unconflicto intercomunitario originado por diferencias de índole religiosa y por disputas territoriales, pero organizaciones nacionales y extranjeras han demostrado que el hecho obedeció, en realidad, a la estrategia de contrainsurgencia aplicada por el Ejecutivo federal, entonces encabezado por Ernesto Zedillo, contra las comunidades zapatistas; que los asesinos recibieron entrenamiento y armas por parte de efectivos militares regulares y que las corporaciones policiales federal y estatal no hicieron nada para impedir la masacre.
La impunidad, a lo largo de los 16 años transcurridos desde entonces, ha sido casi total. Los autores materiales capturados, enjuiciados y encarcelados tras la matanza fueron paulatinamente liberados a raíz de fallos judiciales impresentables, agraviantes para las víctimas e incluso riesgosos para la integridad física de los deudos y los sobrevivientes. Las autoridades, por otra parte, han sido omisas en la investigación y el deslinde de responsabilidades intelectuales y políticas de quienes se desempeñaban como altos funcionarios del gobierno de Chiapas, de los mandos militares, y de aquellas en las que pudieron incurrir el entonces presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet.
Mientras que el ex presidente ha sido sujeto de acusaciones por crímenes de lesa humanidad en diversas instancias internacionales, y ha logrado librarlas gracias al respaldo de sus sucesores en el cargo –cabe recordar que Felipe Calderón le tramitó un estatuto de inmunidad ante las autoridades de Estados Unidos, país de residencia del ex mandatario–, Emilio Chuayffet, responsable directo del incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés y obligado a dimitir tras la masacre, hoy despacha como secretario de Educación Pública.
El mismo manto de impunidad ha cubierto desde entonces las presuntas responsabilidades del ex gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro; de Jorge Madrazo Cuéllar, procurador federal en aquel tiempo; de los generales Mario Renán Castillo y Enrique Cervantes Aguirre, a la sazón responsables de la séptima Zona Militar y de la Secretaría de la Defensa Nacional, respectivamente.
La administración que se inició el primero de diciembre de 2012 tenía una oportunidad inmejorable para demostrar el viraje en las formas autoritarias y encubridoras que caracterizaron a los gobiernos priístas anteriores a la alternancia. Para ello era necesario que se emprendiera, como primer paso, un esclarecimiento verosímil de las responsabilidades de los altos mandos que en diciembre de 1997 operaban en los ámbitos federal y estatal, lo que implicaba el retiro de la inmunidad concedida a Zedillo y la actuación libre e irrestricta del Poder Judicial y de instancias internacionales de justicia. Un año después, sin embargo, parece confirmarse la persistencia del pacto de complicidad que recorre los sexenios sin distinción entre priístas y panistas, y que ha hecho imposible, hasta ahora, el ejercicio de la justicia para episodios como la masacre del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia impulsada por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, los asesinatos políticos perpetrados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las masacres campesinas toleradas o auspiciadas por el gobierno de Zedillo –de las cuales Acteal forma parte, pero no es la única– y las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.
La masacre de Acteal se erige, de esa forma, como uno de los grandes ejemplos de la impunidad institucional que recorre la historia del país.