Solidaridad con La CNTE

Ejemplo de dignidad y organizacion los maestros de la Coordinadora despues de dezplazarse de sus lugares de origen , dan la muestra de resistencia que tanta falta hace para los mexicanos, Aùn que han sido vapuleados en tantas ocasiones se pueda por las televisoras, los medios en general y los "expertos", siguen ahi de pie, haciendose presentes, si, desquiciando la ciudad, pero ha servido para que los capitalinos nos demos cuenta que existen , y estan inconformes, , mas aùn, no se iran sin una respuesta favorable.

Solo escuchamos una opnion en la television y radio, yo no he escuchado que les den un espacio mayor a 5 minutos, 5 minutos , para que se expresen, su opinion sbre el conflicto y sus pretensiones, es facil mirar el escenario, en la mesa de "negociacion" se encuentra El secretario de gobernacion , Osorio Chong, y no Chuayfett que es o funge como secre de Educacion Publica.

Es la escencia del Salinismo, no ver , ni escuchar, esperar que la opinion publica mediatizada, este a punto para seguramente infiltrar agitadores, y esperar el canato para reprimir, pero aqui interviene el jefe de gobierno que es el jefe del orden en la capital, permitira que lo rebasen?, o sera tolerante ante la protesta hacia el gobierno federal?, .

Saluda el movimiento de la CNTE

Saludamos con profundo respeto a los maestros de la CNTE, quienes nos han dado un ejemplo de dignidad y organización, a pesar de las terribles penurias de todo tipo que han debido enfrentar.

Tan sólo trasladarse desde sus lugares de origen ha implicado para muchos un enorme esfuerzo familiar y sacrificio en su desvencijada economía. Su presencia, su protesta y su enojo son ya historia de ejemplar organización, sin que mengüe el ánimo la agresiva campaña de televisoras y de partidos políticos, los cuales expresan una violencia más sórdida.

Estos últimos, por no haber tomado en cuenta las opiniones de los maestros en la elaboración de los documentos, lo que motivó estas protestas. Las televisoras, por no informar de manera completa las causas, lo que afecta mucho más a todos los mexicanos, al limitar el derecho constitucional a la información.

Habría que considerar seriamente impulsar la cancelación de la licencia contra todas las estaciones televisoras omisas.

José Lavanderos

La razón, de parte de los profesores

Las recientes declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong recuerdan las palabras proferidas por Gustavo Díaz Ordaz durante el informe presidencial de 1968. Semanas después, desataba la represión más feroz registrada en contra de estudiantes y pueblo en general. Ahora, igual que entonces, sus corifeos televisivos se desgañitan pidiendo sangre, acusándolos de violentos

Pero, ¿qué más violencia puede haber que mantener a más de 70 millones de mexicanos en la miseria y millón y medio de profesores con salarios de hambre? Mientras, sus líderes viven ostentosamente gracias a las cuotas sindicales. ¿Es justo que se pretenda imponer una reforma sin tomar en cuenta la opinión de los principales actores, que son los maestros? Es una simple reforma laboral administrativa –no educativa– que atenta contra el artículo 123 constitucional en su apartado B.

Habría que preguntarse ¿qué apartado se refiere a los planes y programas de estudio, a los métodos pedagógicos y didácticos de enseñanza, al calendario escolar, al presupuesto orientado a la educación, a la relación de los educadores con los educandos y los padres de familia? ¡Ninguno! Los profesores están en las calles porque son ignorados y sus derechos vulnerados. La razón está de su parte y son ejemplo de dignidad y de lucha. Vaya nuestra solidaridad incondicional. Estamos con ustedes.

Nicolás González González, por el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática: Azcatl, El Barzón ciudad de México, Comité de Lucha Popular Carmen Serdán, Patria Nueva, Unión Popular Emiliano Zapata (Uprez), Asamblea de Barrios Santa María, Solidaridad en Lucha (Sol), Coordinadora de Organizaciones Sociales, Proyectos Populares Sociales, Fuosyc, Unión de Colonias Populares, Vecinos de Correo Mayor y cuatro organizaciones más.

La lectura del futuro?

¿El fin de las instituciones públicas? John M. Ackerman En lugar de construir y legitimar las instituciones públicas, nuestra clase política está empeñada en debilitarlas y destruirlas. La iniciativa energética de Enrique Peña Nieto no solamente busca privatizar la industria petrolera, sino también desaparecer Pemex. Si la sociedad no logra detener esta nueva agresión, mañana podrían seguir UNAM, IPN, UAM, IMSS, Issste, Infonavit, entre otras. Así como hoy estamos obligados a comprar el agua potable de empresas privadas ante el fracaso del Estado para garantizar nuestro derecho al vital líquido, mañana los servicios médicos serían accesibles sólo para quien los pueda comprar. Así como hoy se han multiplicado las autodefensas en Guerrero y Michoacán ante la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, mañana los jóvenes tendrán que autoeducarse o, en su caso, recurrir a costosos endeudamientos para pagar la admisión a las universidades “públicas”. Carlos Salinas eliminó la posibilidad de una política industrial soberana y de un sano desarrollo para el campo con sus privatizaciones corruptas, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y sus propias reformas al artículo 27 constitucional. Ernesto Zedillo privatizó las pensiones del IMSS y con el Fobaproa obligó al pueblo a pagar el oneroso rescate bancario de las familias más adineradas del país. Vicente Fox traicionó los indígenas de México con su desconocimiento de los acuerdos de San Andrés y favoreció a las empresas monopólicas con el otorgamiento de generosos beneficios fiscales. Felipe Calderón facilitó la quiebra de la aerolínea Mexicana, desapareció a Luz y Fuerza del Centro y privatizó las pensiones del Issste. Hoy Peña Nieto da continuidad a esta tendencia destructora al proponer borrar de un plumazo el petróleo, la electricidad, la petroquímica y todos “los demás hidrocarburos” del listado de “áreas estratégicas” de la nación enumeradas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional. Asimismo, sus reformas al artículo 27 permitirían a las empresas trasnacionales controlar la extracción, refinación y transporte del petróleo y el gas natural en todo el país. Tal como ha explicado a Bloomberg el ex brazo derecho de María del Carmen Alanís en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y hoy flamante subsecretario de Hidrocarburos, Enrique Ochoa Reza, el control de estas empresas será tan completo que incluso les permitirá reportar las reservas como “suyas” en Wall Street (véase: http://ow.ly/o20iY). La reforma también permitiría a las grandes empresas lucrar y especular con la generación de electricidad en México. Es evidente la intención de desplazar a Pemex y la CFE para sustituirlas por Chevron, Shell, Halliburton y empresas de generación de electricidad corruptas y defraudadoras, como Enron. Resulta una vil mentira y un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano la idea de que la iniciativa presidencial no sería privatizadora ni sacrificaría la soberanía nacional. Con la reforma, empresas privadas que trabajan en función de sus accionistas en Wall Street y obedecen órdenes de gobiernos extranjeros tomarían el control sobre algunas de las áreas más sensibles de la economía nacional. Se impondrían sus leyes y sus prioridades por encima de las normas nacionales y el bienestar de los mexicanos. Recordemos que el motivo principal que impulsó la expropiación petrolera en 1938 fue que las petroleras internacionales desconocieron las leyes del país. Específicamente, se negaron a reconocer el derecho constitucional de los trabajadores a un salario digno y una jornada laboral de 40 horas semanales. También chantajeaban con dejar de extraer y producir petróleo si el gobierno los obligaba a cumplir con la ley. Cuando las empresas persistieron en su intransigencia aún después de que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en su contra, el presidente Lázaro Cárdenas fue obligado a actuar. Quedarse inmóvil hubiera significado aceptar la existencia de dos órdenes jurídicos en el país, uno para las empresas extranjeras y otro para el pueblo mexicano. La decisión de Cárdenas de asumir el control estatal sobre las empresas petroleras fue en aras de garantizar la plena vigencia del Estado de derecho para todos por igual en el territorio nacional. Hoy Peña Nieto propone devolver el petróleo, junto con el premio adicional del gas natural y la electricidad, a las mismas empresas que fueron expropiadas hace 75 años. Así, da continuidad a las últimas tres décadas de presidentes mexicanos quienes han traicionado el legado de Cárdenas al fomentar un estado de excepción para los empresarios más poderosos y darle la espalda al pueblo trabajador. Los trabajadores de la industria petrolera son el sector más vulnerable ante una eventual privatización y tendrían que ser los primeros en levantar la voz. Un reciente reportaje del Washington Post (véase: http://ow.ly/o20RW ) revela cómo las empresas trasnacionales incurren sistemáticamente en prácticas laborales abusivas e ilegales, como en 1938. La reforma energética es entonces similar a la reforma educativa. Una vez más se busca que los trabajadores de base paguen los costos de la corrupción de los funcionarios gubernamentales y los líderes sindicales. Peña Nieto y sus socios se frotan las manos en espera de grandes recompensas por su servicio a Washington y al gran capital. Pero quien realmente merece ser premiado es el pueblo de México: mujeres, hombres y jóvenes libres quienes han logrado sobrevivir con el sudor de su frente décadas de robo por de parte de sus gobernantes. El primer paso para recuperar un poco de lo que les corresponde será tomar las calles para poner un alto definitivo al saqueo que implica la reforma energética del PRI. www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman

Las verdaderas palabras de El Gral. Cardenas sobre el Petroleo.

Por el espíritu de Cárdenas hablará Peña Nieto Arnaldo Córdova Cárdenas era un estadista y, como tal, tenía y sostuvo toda su vida una opinión reservada sobre los empresarios privados. Durante su gobierno tuvo continuos enfrentamientos con ellos y le mostraron los peores lados de su idiosincrasia: falta de convicciones sobre la función social de sus empresas, falta de compromiso con los más altos intereses de la nación y de su pueblo, el egoísmo de sus fines en sus actividades, su ausencia de interés en la solución de los problemas de las masas y, sobre todo, su voracidad insaciable, que ponía en permanente riesgo el bienestar de todos. De sus convicciones nacionalistas nadie se ha atrevido a dudar hasta hoy. Pero ahora resulta que, con su iniciativa de reforma energética, Peña Nieto pretende convertirlo en adalid de la causa de los privados en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, en particular, energéticos. El presidente priísta se funda para ello en la Ley Reglamentaria del 27 constitucional de noviembre de 1940, que permitía, en su artículo 7, la celebración de contratos con los particulares para llevar a cabo por cuenta del gobierno federal trabajos de exploración y explotación del petróleo. La iniciativa peñista, con toda la desvergüenza del mundo, afirma basarse “en las ideas fundamentales de las reformas del presidente Cárdenas consecuentes con la expropiación petrolera de 1938” y, también, que “retoma los fundamentos cardenistas y dará al país un mayor impulso para aprovechar sus recursos energéticos”. La reforma, hay que decirlo de entrada, se reduce a redefinir lo que siempre ha sido un quebradero de cabeza para los privatizadores: los contratos con los privados y que ahora se les llama “de utilidad compartida”. En qué consistirán y qué alcance tendrán, no nos lo dice y ni siquiera se menciona en el texto propuesto para los artículos 27 y 28 de la Constitución. En la exposición de motivos se exalta la eliminación de la prohibición de los contratos en el párrafo sexto del citado artículo 27 y se afirma que “generará un marco constitucional idóneo para que, conforme más convenga a los intereses de la nación, el Estado pueda aprovechar las aportaciones de terceros para complementar a sus organismos, como lo es Petróleos Mexicanos, a través de contratos eficientes que alineen los incentivos de los contratistas con los del Estado, en las actividades inherentes a la explotación y extracción de dichos recursos, tal y como lo marcaban el espíritu y letra de las reformas realizadas por el presidente Lázaro Cárdenas”. Para Peña Nieto y quienes le hicieron la iniciativa, Cárdenas es un verdadero apóstol de la privatización, que brama por la participación de los empresarios en la explotación de nuestros recursos naturales. Sólo que Cárdenas no creía en la eficacia de los privados. Pensaba, ni duda cabe y eso nunca se ha ocultado, que haría falta que la empresa nacional recibiera el concurso de los particulares, porque tenían dinero y el dinero siempre es escaso. Pero ni por asomo pensaba que toda clase de privados pudiesen con la tarea. Fue por eso que, en el artículo 9 de la citada Ley Reglamentaria del 27, se estableció: “Los contratos de que hablan los artículos anteriores, sólo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concertarse en ningún caso con sociedades anónimas que emitan acciones al portador”. Peña Nieto y sus contlapaches se han cansado de aclarar que quieren a todos los particulares, nacionales y extranjeros y que no les asusta que las grandes transnacionales participen en el negocio de los energéticos. Lázaro Cárdenas volvería a morirse si reviviera por un instante. Pueden revisarse los documentos constitucionales y legales sobre la materia y podrá constatarse que los contratos a los que se hace referencia hasta antes de los cincuenta son simplemente contratos civiles por obra o servicio determinados. Nunca, hasta que llegó Miguel Alemán, se pensó en contratos que encerraran una cesión o un compartir el producto o la renta de los energéticos. La reforma de 1960 al párrafo sexto del 27 se refiere, justamente, a ese tipo de contratos que enmascaran verdaderas formas de concesión de los recursos. Los contratos que propone Peña Nieto no están definidos en ninguna parte de su iniciativa. No sabremos, por tanto, en qué consisten hasta que se emita la ley reglamentaria. En el texto de reforma del multicitado 27 se elimina el enunciado de que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de los minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”. Sólo se dejan los minerales radioactivos, con lo que se abre la puerta para que en la ley secundaria, incluso, se pueda establecer que también se otorgarán concesiones en materia de hidrocarburos. Los priístas dicen que eso no está en sus planes. En todo caso la posibilidad queda abierta. En lo tocante a la electricidad, se reforma el 27 para permitir a los privados producir y vender energía eléctrica, la cual podrán trasladar a la red distribuidora del Estado mediante contratos de la misma especie. Eso sí, el sistema eléctrico nacional quedará en manos del Estado. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará, en la lógica que plantea la reforma, a ser un ente cada vez menos productor para convertirse en un contratista con los privados. Una ligera modificación al artículo 28 constitucional consiste en eliminar la definición de los sectores estratégicos para permitir que, como ejemplo señero, la petroquímica básica pase a ser campo de competencia con los privados. La tirada, como puede verse, es convertir los contratos de utilidad compartida, que siguen siendo un misterio, en la palanca que permita, en los hechos, entregar nuestros recursos energéticos a los privados, hacerles auténticas concesiones de los mismos y convertir Pemex y la CFE en simples administradores de contratos. Nada más lejos de los ideales del presidente Lázaro Cárdenas. Él, en efecto, quería que los particulares pusieran su dinero en la explotación y distribución de los hidrocarburos, pero veía como una soberana idiotez entregárselos sin más y, menos aún, si eran extranjeros. La reforma propuesta por Peña Nieto es miserable en extremo, tanto por sus muy limitados objetivos, tal y como están expresados, como por su argumentación jurídico-constitucional. En realidad, no es más que una pequeña trama de nimiedades que descarga en la futura ley reglamentaria las verdaderas sorpresas. Tal vez su esperanza haya sido que las diferentes fuerzas políticas y sociales interesadas en el tema no ofrezcan mayores resistencias y la verdadera batalla, más fácil de darse porque se librará tan sólo en el ámbito legislativo, venga precisamente cuando se emita la ley secundaria. Es obvio que sólo la movilización social podrá parar la conjura. Las diferentes fuerzas políticas están demasiado domesticadas y comprometidas con la oligarquía gobernante como para que pudieran constituirse en un valladar a los intentos reaccionarios y desnacionalizadores.

PROCESO CARO QUINTERO

national geographic abril 2013

El petróleo y sus suicidas

Víctor M. Toledo El petróleo es hoy por hoy el principal agente natural” que conduce al suicidio de la especie. Si el oro negro fue la plataforma que permitió la consolidación del mundo industrial, hoy en cambio es la causa principal, junto al capitalismo, de la crisis de la civilización moderna, la que se ha convertido además en un peligro real para la supervivencia de la especie humana, de la vida y del planeta entero. El petróleo no sólo es la causa central del calentamiento global por la contaminación industrial, sino la que acciona el transporte y los modelos agroindustriales que han provocado contaminación por pesticidas, agotamiento de acuíferos, pérdida de suelos, erosión y polución genética, desaparición de abejas y otros insectos benéficos, etcétera. Por ello toda decisión sensata, de simple supervivencia, debe buscar aprovechar su altísima rentabilidad como mercancía para incentivar y garantizar la llamada transición energética, el cambio hacia energías renovables (biomasa, eólica, geotérmica, hidráulica, solar directa, etcétera). Que estamos en el umbral de una transformación energética radical lo confirma no sólo la crisis ecológica, sino el hecho de que la era de los combustibles fósiles ha entrado a su fase final. Desde el surgimiento del primer pozo petrolero en 1859 a la fecha, la mitad de las reservas probadas de crudo del mundo ha sido consumida. El llamado pico petrolero ( oil peak) se alcanzó entre 2010 y 2012. Es decir, la civilización actual ya está utilizando la segunda mitad de las reservas petroleras, y las predicciones apuntan hacia 2050 como el final. De los 98 países con este combustible, 64 ya rebasaron ese punto. México sólo posee petróleo para diez años. Quienes cuestionan este panorama del fin del petróleo son los “optimistas tecnológicos” o tecnócratas. Sin embargo, el aumento de la población humana (9 mil millones para 2050), la adopción del modelo depredador capitalista industrial en los países emergentes (China, India, Brasil, Rusia y Sudáfrica, entre otros) y la creciente gravedad de los impactos del cambio climático, ponen en duda los escenarios optimistas. Una cosa son las reservas probadas, otras las posibles y otras más las probables. Las dos últimas serán cada vez menos factibles por sus altísimos costos económicos y, sobre todo, ambientales. Un caso emblemático es el del gas esquisto ( shale gas) cuya técnica de extracción, la fractura hidráulica, provoca enormes impactos ambientales. Esta tecnología inyecta agua, arena y productos químicos de alta toxicidad entre 2 mil y 6 mil metros de profundidad, utiliza enormes volúmenes de agua (hasta 20 mil metros cúbicos por pozo), y genera contaminación de suelos y acuíferos, además de inestabilidad sísmica y enfermedades. Ver en You Tube el premiado documental Gasland y el número de marzo de 2013 de la revista National Geographic. La reforma energética es el nuevo intento del capitalismo corporativo, nacional e internacional por adueñarse de parte de la renta petrolera de México. Para justificarlo se ha creado la idea falsa de un Pemex ineficiente en lo tecnológico y lo administrativo, no obstante su altísima rentabilidad reconocida internacionalmente. Su objetivo es doblemente perverso: arrancar parte de la ganancia petrolera de la nación y continuar por el sendero de los combustibles fósiles a pesar de sus severos impactos sobre el equilibrio ecológico planetario y el futuro de la humanidad. Tomar la senda de más petróleo, carbón, gas y uranio, en vez de usar los yacimientos factibles y disponibles para trazar una transición suave, no dramática ni patética hacia las energías renovables. es sin duda una decisión suicida. En el caso de México, esto es más grave porque es uno de los países con mayor riesgo ante al cambio climático. Tres fenómenos agudizados por el desequilibrio global golpearán fuerte a México: a) el incremento en el número y potencia de los huracanes; b) las recurrentes sequías que se agravarán en el centro y norte del país, y c) el incremento general de las temperaturas. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat en su informe de julio pasado, advierte que existen mil 385 municipios en alto riesgo de desastres por su vulnerabilidad a los fenómenos del cambio climático. El mismo reporte indica que México se calienta aún más rápido: las temperaturas se incrementaron ¡al doble que en el resto del mundo! Veamos que está sucediendo ya. La sequía de 2010-2012, considerada la peor en siete décadas, afectó mil 110 municipios de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas y San Luís Potosí, porciones de Querétaro, Aguascalientes Sinaloa y Sonora; provocó la muerte de 1.3 millones de cabezas de ganado y afectó extensas superficies de maíz, trigo, sorgo y otros forrajes. Se trata de ¡40 por ciento del territorio de México! Según un detallado estudio realizado por investigadores de la UNAM, el incremento de las temperaturas en las zonas montañosas reducirá la producción de café en un 34% hacia 2020. Reportes internacionales indican que los países que más verán afectada su producción de alimentos son India, México, Estados Unidos y Australia. La civilización industrial está en crisis, pero no se detiene, sino que se agrava. No es la “estupidez humana”, sino las decisiones tomadas por seres humanos de carne y hueso: capitalistas, políticos y funcionarios. Sus comportamientos parecen moldeados por la voracidad, la soberbia, el interés individual, la competencia y una obsesión por controlarlo todo. Más que de posiciones ideológicas, políticas o éticas, o de una falta de información, se trata de comportamientos sicopatológicos, toda vez que sus decisiones conducen al suicidio colectivo. Las elites que nos parasitan son sujetos profundamente enfermos. La defensa del petróleo como motor de una política de bienestar social es obligada, además de ser emblema de la independencia nacional. Sin embargo, esta debe contextualizarse en el devenir de la especie humana y de su supervivencia. Ello significa garantizar que la renta petrolera también sirva para acelerar la transición energética. Frente a los instintos suicidas de los poderes fácticos, de la cínica complicidad de políticos y empresarios, la mayoría sensata debe salir a resistir. Hoy, luchar por la vida y el planeta es luchar por la nación, sus recursos y su historia. www.laecologiaespolitica.blogspot.com

la jornada Mexico S.A

COMO NO VA A SER NEGOCIO!!!! ENTONCES POR QUE LO QUIEREN ? “¡Milagro guadalupano! En cuestión de segundos un grave error que generaría injustificada pérdida de recursos” mutó a “un gran negocio, con oportunidades para todos”, y para ello bastó la presentación en sociedad de una iniciativa de “reforma energética”. Así es, mexicanos creyentes: en un abrir y cerrar de ojos, una actividad “que no es rentable” y sólo provoca quebrantos, convirtióse en aceitada maquinaria generadora de incuantificables ganancias. Por ello, humildemente este espacio propone el Premio Nobel de Alquimia para los esforzados genios privatizadores de la industria petrolera (aún) nacional, por encontrar la piedra filosofal y, por ende, la fórmula para transformar la mierda en oro. Resulta que el subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Enrique Ochoa Reza, anunció que “cualquier empresario, mexicano o extranjero, podrá construir y operar refinerías en México si es aprobada la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto”, es decir, el gobierno federal abre “una gran oportunidad” para amasar y/o incrementar fortunas privadas en una actividad estratégica –aún reservada al Estado– que apenas unos meses atrás no pocos de los ahora promotores de la “apertura” calificaron de “pésimo negocio”, toda vez que “sería un grave error construir refinerías en territorio nacional y una injustificada pérdida de recursos públicos”. Lo mejor del caso es que el citado funcionario, por si alguien tuviera la duda, precisó que la oferta de operar y/o construir refinerías en el país “no está incluida como tal en la propuesta del Ejecutivo federal, y en todo caso corresponderá al Congreso discutir dicha posibilidad en la legislación secundaria” (La Jornada, Susana González G. y Mariana Chávez). Lo anterior, sin olvidar que Ochoa Reza “no descartó que la venta de gasolinas en el país pueda darse a través de una red de distribución distinta a la que existe actualmente y que opera con franquicias que otorga Petróleos Mexicanos”. En castellano simple, pues, el gobierno federal no lo ha propuesto así públicamente –aunque sí en lo oscurito–, pero es un hecho que cabildea para que el capital privado refine, distribuya y comercialice productos derivados del oro negro, cuando menos. Como siempre, el hilado fino está en la ley reglamentaria, en la letra chiquita. Así, México se prepara para reasumirse como república bananera. Antes de que se hiciera el milagro referido, los promotores oficiales y oficiosos de la privatización de la industria petrolera (aún) nacional se desgañitaron para vender la idea de que la construcción de refinerías en el país “no es negocio; sólo una injustificable pérdida de recursos públicos”, al tiempo que justificaban la masiva cuan creciente importación de petrolíferos por “el ahorro” que implicaba su adquisición en refinerías extranjeras, principalmente gringas. Y esa cantaleta se escucha desde hace 30 años, periodo en el que el gobierno federal y sus empresarios (autóctonos y foráneos) no quitaron el dedo del renglón en su intentona privatizadora. Las refinerías del Estado, pues, una mierda; las refinerías privadas, una inagotable veta de utilidades, amén de genial idea. En el recuento, vale mencionar que las más “jóvenes” refinerías mexicanas (del Estado) datan de 1979 (la Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León, y la Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz, Oaxaca). Después, sólo parches, ante el brutal avance en el consumo de petrolíferos. Esas fueron las últimas “refinerías de la Revolución” (parafraseando a JLP). A partir de Miguel de la Madrid, la citada perorata de “no es negocio”. Aquí cabe preguntar ¿para quién no es negocio? Y la respuesta es para el Estado mexicano. Lo anterior se puede documentar con lo registrado en los dos gobiernos panistas y los primeros seis meses del triunfal retorno tricolor (todas las cifras son de Pemex): gasolinazos aparte, de enero de 2001 a junio de 2013, de las arcas nacionales (léase de los bolsillos de los mexicanos) salieron 173 mil 154 millones de dólares (alrededor de 15 por ciento del producto interno bruto a precios actuales) para la importación de petrolíferos. Con ese monto y en igual periodo, fácilmente se habrían construido no menos de tres grandes refinerías del Estado de gran capacidad, erradicando así la importación de carburantes y la tremenda dependencia externa. O si se prefiere, con ese dinero se hubiera duplicado el presupuesto anual para el sector educativo nacional. Pero no, se destinó al pago de las citadas importaciones y engordar las chequeras de trasnacionales petroleras, cuyas refinerías, a todas luces, sí son negocio, y de qué tamaño. Pero, siguiendo con la cantaleta privatizadora, ¿para quién, entonces, no es negocio? Veamos: cuando el mariguanero de la lengua larga y las ideas cortas se instaló en Los Pinos, México (cifras de Pemex, insisto) importó gasolinas, diesel, combustóleo y demás petrolíferos por 3 mil 656 millones de dólares; seis años después, la cifra se elevó a 10 mil 29 millones de billetes verdes. Por este concepto en el sexenio se erogaron 30 mil 254 millones de dólares, un crecimiento sexenal de 175 por ciento, y la frase “construiremos una refinería en el país” ni lejanamente se pronunció. Llegó el inenarrable Felipe Calderón, y en su primer año de estadía en la residencia oficial se importaron petrolíferos por 15 mil 797 millones de dólares: seis años después, el monto ascendió a 29 mil 556.5 millones de billetes verdes, es decir, un incremento de 87 por ciento en el periodo. A partir del 18 de marzo de 2008, este execrable personaje anunció la construcción de una refinería (la Bicentenario, en Tula, Hidalgo), misma que nunca trascendió el discurso. Cinco años después, de tal refinería no se ha colocado ni un tornillo. Con Enrique Peña Nieto la situación no se ha modificado: en el primer semestre de estadía en Los Pinos, México ha importado petrolíferos por 12 mil 603 millones de dólares. De mantenerse ese ritmo, cerrará el año con más de 25 mil millones de billetes verdes destinados a la importación de gasolinas, diesel y conexos. Públicamente no se ha pronunciado sobre las refinerías, pero ya el subsecretario Ochoa Reza ha tenido la atención de informar que sí se construirán, pero por el capital privado. Las rebanadas del pastel Para “no ser negocio”, 173 mil millones de dólares son muchísimos. ¿Y quién llegará a construir refinerías en México? Pues los mismos que se quedaron con esa cifra monumental y que ahora clavarán el colmillo en territorio nacional en una actividad que, aseguran los candidatos al Nobel de Alquimia, “no es negocio”. Twitter: @cafevega D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com

La Jornada: La privatización de la industria petrolera es inaceptable

La Jornada: La privatización de la industria petrolera es inaceptable

La privatización de la industria petrolera es inaceptable

Enrique Calderón Alzati

C

omo cada seis años lo han hecho los sucesivos gobiernos neoliberales que hemos padecido desde el sexenio de Miguel de la Madrid, el gobierno actual insiste en la privatización de Petróleos Mexicanos mediante mecanismos accionarios y modificaciones a la Constitución, en esta ocasión con más sagacidad política y con diferentes estrategias que las empleadas en los gobiernos anteriores que, sin lograr el objetivo, le causaron graves daños a Pemex con el afán de atraer inversiones de dudosa utilidad para nuestro país y para la empresa misma.

En este sentido, diversos especialistas y líderes políticos y de opinión, como Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel Lopez Obrador, han manifestado reiteradamente no sólo las posibles consecuencias de la enajenación, sino también las alternativas que existen para hacer de Pemex una empresa no sólo altamente rentable, sino el centro de un proyecto de desarrollo nacional en materia económica, de recursos humanos y de tecnología, en oposición a los mensajes oficiales que en esencia nos indican que los mexicanos no podemos ni somos capaces de cambiar el futuro de nuestra industria petrolera, por lo que requerimos de capitales y de tecnología provenientes del extranjero.
Sin mayores pretensiones, escribo este artículo para recordar lo que ha sido el resultado de otras privatizaciones realizadas por los gobiernos anteriores, las cuales, en su momento, nos presentaron como panaceas que mejorarían la economía de nuestro país y nos brindarían un futuro brillante, que hoy no se ve por ningún lado. Unos cuantos casos pueden ser suficientes para este fin, tomando los ejemplos de Teléfonos de México, de los bancos, de las industrias paraestatales, de los ferrocarriles y de Mexicana de Aviación.
En el caso de Telmex, se habló de la necesidad de modernizar las telecomunicaciones para ofrecer mejores servicios y modernizar el sector, con un beneficio directo para los consumidores, palpable en la reducción de sus pagos y el incremento en el número de las líneas de comunicación; los resultados en cambio han sido la conformación de un imperio financiero, la riqueza indiscutible del señor Slim y sus socios encubiertos y servicios telefónicos caros y de mala calidad. ¿Cuántas ciudades del país, supuestamente comunicadas según su publicidad, carecen hoy de cobertura? Yo vivo en Xalapa y tratar de lograr una comunicación aquí con el servicio Telcel resulta más difícil que hacerlo con los ángeles; sin embargo, los miles de usuarios de esta región nos vemos condenados a seguir pagando ante la negativa de la empresa a aceptar la rescisión de los contratos respectivos ante la ausencia del servicio. Sobre este problema dedicaré uno de mis próximos artículos.
En el caso de los bancos, lejos de impulsar el desarrollo que necesitamos y que se ofreció como resultado de su privatización, estas instituciones ahora mayoritariamente extranjeras han hecho de nuestro país un botín del cual extraen sus ganancias, como en ninguna otra parte del mundo, según ellas mismas lo afirman, propiciando no la producción, sino el consumo, haciendo cobros onerosos e injustos a sus usuarios y cargando tasas de interés propias de la usura.
De las ex industrias paraestatales poco se ha permitido saber de ellas, ¿Qué sucedió con Transportadora Marítima Mexicana, con la Fundidora de Acero de Lázaro Cárdenas o con la Minera de Cananea? ¿En qué se utilizaron los recursos de la venta de estas empresas que eran propiedad del Estado cuando Salinas era presidente?

La terrible tragedia de Pasta de Conchos, sacó a la luz pública las inhumanas condiciones y la falta total de seguridad en las que laboran los trabajadores de las empresas mineras, cuyas utilidades superan los miles de millones de pesos anuales ¿Acaso son este tipo de empresas las que el país necesita para asegurar su desarrollo? El asesinato de un hijo de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, nos permitió enterarnos de la participación del narcotráfico en la industria minera de ese estado, dejando un claro indicio de los riesgos que existen cuando se dejan los bienes, patrimonio de la nación, en manos de empresas privadas sin las regulaciones adecuadas, o cuando habiéndolas, las autoridades se convierten en gestores y protectores de esas empresas.
El caso de los ferrocarriles, entregados por el gobierno federal a corporativos foráneos representa otro antecedente importante de las consecuencias que tienen las medidas privatizadoras. Columna vertebral del desarrollo económico mexicano durante la última parte del siglo XIX y más de medio siglo XX, los Ferrocarriles Nacionales empezaron a ser desmantelados por el gobierno a partir de 1960, para instaurar un modelo nacional de transporte, convenido con Estados Unidos, que impulsó a su industria automotriz.
La corrupción del sindicato ferrocarrilero fue un argumento clave de la estrategia gubernamental que llevó a los ferrocarriles a la privatización, como única salida posible, lo cual tuvo como resultado la desaparición del sistema de transporte de pasajeros, que en otras naciones constituye red imprescindible, mientras que el traslado de mercancías por carretera se ha convertido en un serio problema logístico para la vida de las ciudades.
El caso de la aviación es quizás el más emblemático de los riesgos inherentes a las privatizaciones de los bienes nacionales, cuando estas son permitidas por las leyes y puestas al arbitrio de funcionarios corruptos. ¿Qué pasó con Mexicana de Aviación y cuál fue su impacto en el sistema aeronáutico nacional? ¿Acaso ganó algo la sociedad mexicana con la privatización de esa empresa? ¿Cuáles son las garantías de que la entrada de capitales particulares permite y facilite el desarrollo y el crecimiento de una empresa pública? El grupo de inversionistas que se hizo de Mexicana de Aviación sólo tenía un objetivo: quedarse con el botín constituido por los equipos de vuelo y las concesiones que amparaban las rutas donde la empresa operaba, para luego enajenarlo. La quiebra de Mexicana de Aviación conformó un daño patrimonial a la nación, llevó al desempleo a miles de trabajadores y fue causante del desquiciamiento del sistema de transporte aéreo nacional, pues detonó un incremento en los costos que hoy tienen que pagar los viajeros mexicanos, a partir de esa quiebra.
Todos estos son los antecedentes para la restructuración de Petróleos Mexicanos que hoy pretende realizar el actual gobierno como resultado de la “reforma energética” que propone realizar y que desde luego resulta inaceptable para la gran mayoría de la sociedad.