JUICIO A CALDERON POR CRIMENES DE GUERRA

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Sábado 26 de noviembre de 2011, p. 5

El abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra el presidente Felipe Calderón y parte de su gabinete de seguridad –respaldada con más de 23 mil firmas–, así como contra los integrantes del cártel de Sinaloa, por la comisión de diversos delitos de lesa humanidad, ocurridos en el contexto de la actual guerra contra el crimen organizado.

El expediente presentado ante el fiscal general de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, está integrado por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, que se han producido en un contexto generalizado de violencia sistemática que ha llevado a México a una crisis humanitaria, con más de 50 mil personas ultimadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos, explicó Sandoval en entrevista con Radio Nederland Internacional.
La denuncia fue presentada en La Haya, Holanda, sede de la CPI, que es la encargado de juzgar crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Además de aportar la documentación probatoria de los casos, en el documento se explican las fallas del sistema judicial mexicano que impiden resolverlos en territorio nacional.
En la petición, indicó Sandoval, se responsabiliza directamente al Estado mexicano por la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como las violaciones sexuales perpetradas por elementos del Ejército Mexicano, y la esclavización de migrantes indocumentados por funcionarios, en colaboración con los grupos de delincuentes.
Asimismo, denuncia los homicidios de civiles en retenes militares; las desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales; el uso de la tortura como mecanismo para lograr autoinculpaciones, y ejecuciones extrajudiciales.
Aunque el máximo responsable de dichos crímenes sería el titular del Poder Ejecutivo, en tanto jefe de las fuerzas armadas, la denuncia también incluye a varios elementos del gabinete calderonista, entre ellos los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, Guillermo Galván, Francisco Saynez y Genaro García Luna, respectivamente, además del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.
Entre las denuncias más graves contra las instituciones del Estado mexicano se encuentran las relativas al Instituto Nacional de Migración, en el que altos funcionarios han participado en el secuestro y venta de migrantes a los grupos de narcotraficantes, como ya ha documentado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En cuanto a la actuación de los grupos delictivos, el documento presentado por el abogado mexicano denuncia que en los años recientes han logrado afianzar un amplio poder territorial y cuentan con verdaderos ejércitos, a los cuales se les atribuyen numerosos casos de ejecuciones, amputaciones y decapitaciones, además de ataques contra blancos civiles y reclutamiento de menores de edad.

Sandoval enfatizó que hubo necesidad de presentar esta denuncia ante la CPI, dada la falta de capacidad y voluntad del sistema judicial mexicano para juzgar los crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de los delitos cometidos por el gobierno y el hampa ni siquiera están tipificados en el Código Penal, lo que genera una evidente política de encubrimiento del Estado.

Un triunfo, si México es puesto bajo observación

John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló en entrevista que a pesar de las dificultades del caso y de la previsible resistencia del gobierno de Calderón a ser juzgado, la expectativa es que el fiscal Luis Moreno Ocampo abra un expediente sobre la situación en el país, donde se concluya que sí se cometen delitos de lesa humanidad y éstos no pueden ser analizados en territorio nacional.

No hace falta que se pronuncie sobre la culpabilidad del Presidente, sino que reconozca los delitos y la imposibilidad de que sean investigados. Pensamos que esto es obvio, porque en el Código Penal ni siquiera están tipificados, las autoridades judiciales no tienen ninguna autonomía para abrir una investigación, y el fuero militar todavía impide juzgar crímenes cometidos por el Ejército, apuntó.
Todo lo anterior construye una especie de blindaje jurídico que obstaculiza la justicia. Ante ello, es necesario recurrir al apoyo de los organismos internacionales. Esto tiene que evaluarlo el fiscal, y si abre un expediente, eso ya sería una victoria para nosotros.
La demanda contra el Presidente de México será una gran prueba para la CPI, consideró Ackerman, pues hasta ahora dicho organismo se ha encargado casi exclusivamente de enjuiciar a gobernantes de países africanos –con la excepción del líder serbio Slobodan Milosevic–, identificados como enemigos de los países industrializados, pero en este caso a Calderón se le considera un aliado funcional.
“Como antecedente –dijo– tenemos el caso de Colombia, donde la CPI decidió no abrir una investigación, pero sí colocar al país bajo observación formal. Si logramos ese primer paso, ya sería una ganancia. Vamos a ver hasta dónde evalúan en términos jurídicos, y hasta dónde ceden a la presión del gobierno de México”, aseveró.